El proceso penal es, en efecto, un fenómeno complejo, para cuyo conocimiento no basta una actividad meramente exegética, ni teóricamente abstracta. También se requiere una sensibilidad hacia sus perfiles valorativos y pragmá­ticos, atento los elementos gnoseológicos, psicológicos y sociales que inevitablemente condicionan el curso de los procedimientos. En otras palabras, cada una de las disposi­ciones procesales penales debe ser interpretada, no solo en relación al sistema jurídico, sino también en relación a las razones subyacentes que las inspiran. Es decir, en relación a su función reguladora de los intereses en juego y a su idoneidad para alcanzar los fines perseguidos, en relación con los principios generales del sistema y con la finalidad jurisdiccional de aplicación de la ley al caso concreto.